EL FORTALECIMIENTO
DEL ACCESO A LA
JUSTICIA EN GUATEMALA
AGENDA DEL CAMBIO PLAN DE
GOBIERNO
2012-2016
INTRODUCCION:
Guatemala,
ha sido un país que históricamente se desenvuelve y se desarrolla a través de cambios constantes en
todo su componente social, político económico y
cultural. Debido a estos
constantes cambios, nosotros los guatemaltecos nos hemos vuelto incrédulos
hacia nuestros gobernantes, hacia nuestras instituciones y principalmente hacia nuestra legislatura, pues
esta se ha quedado en deuda muchas veces sin cumplir con lo preceptuado en
nuestra Constitución Política de la República Guatemala, con el ánimo de poder
aportar conocimientos que a criterio del autor y en base a lo investigado me
permite plasmar algunos antecedentes que de una forma u otra han limitado el
acceso a la justicia en Guatemala.
En
el contexto post conflicto armado en nuestro país y dentro del marco de los
acuerdos de paz, se trata de establecer y estudiar de mejor manera la forma de
cómo fortalecer el Estado de Derecho por
medio del acceso a la justicia de una manera integrada.
Es
importa resaltar que los acuerdos de paz promueven el acceso a la justicia en
un país caracterizado por su pluriculturalidad, por ser multiétnico y multilingüe. En el acuerdo sobre Identidad y
derechos de los pueblos indígenas, se plantea el compromiso de que el Estado
reconocerá el derecho de las comunidades indígenas, de manejar sus asuntos
internos en base a sus propias normas. Este compromiso de 1995 es consistente
con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.)
ratificado por Guatemala en 1996 y con la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas adoptada en 2007.
A
pesar de avances importantes en reformas judiciales en la justicia ordinaria,
las instituciones estatales de este sector no incorporaron el modelo de
justicia que reconoce la pluralidad de culturas e idiomas en el país. En el
ámbito de derecho indígena se encontró que el apoyo de la cooperación estuvo
principalmente enfocado en el cabildeo legislativo y sensibilización; y en
menor grado a estudios e investigaciones, provocando con ello que los sistemas
de autoridad de las comunidades no se
fortalezca de manera directa.
Por
último se puede mencionar, que a pesar de la conflictividad histórica y actual
en país, los esfuerzos por promover la resolución pacífica de los conflictos
han sido escasos y los avances no han sido suficientes en relación a la demanda
y calidad de la necesidad de solución de los conflictos especialmente en temas
laborales y de tierras.
DESARROLLO:
Tradicionalmente
el concepto de acceso a la justicia se ha limitado a considerar los medios e instrumentos
materiales o logísticos que se ponen a disposición de las personas que acuden al sistema de
justicia como usuarios (locales, informática, comunicaciones, transporte, entre
otros aspectos). No obstante este
concepto es mucho más amplio, implica
también los siguientes aspectos clave:
La
obligación del Estado de proteger y garantizar el ejercicio de derechos de las
personas como “titulares de derechos”, en igualdad de condiciones y sin
discriminación por razones de sexo, raza, etnia, edad, ideología política y
creencias religiosas.
La
aplicación de justicia pronta y cumplida; situación que implica que los titulares de derechos obtengan una
resolución justa a sus pretensiones, en un plazo razonable, de manera imparcial
y conforme a los criterios y procedimientos estipulados por la ley.
Asimismo,
el acceso a la justicia es un derecho humano que constituye un elemento
fundamental para garantizar el derecho
al desarrollo. Como señala el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo
“la ausencia de recursos y la desprotección de los derechos son dos carencias
que se potencian, ya que si bien es cierto que la pobreza representa una
abarrera para el acceso a la justicia no lo es menos que la falta de acceso a
la justicia perpetua la pobreza de quienes ven sus derechos desprotegidos, por
consiguiente, el acceso a la justicia constituye un instrumento para la
transformación de las relaciones de poder que perpetuán la exclusión y la
pobreza.[1]
La
situación de pobreza en que vive un alto porcentaje de la población guatemalteca dificulta sus posibilidades de
acceder a servicios básicos de salud, educación, vivienda y otros, incluyendo
los de justicia.
Respecto
a los servicios de justicia, cuando se es pobre o se pertenece a una minoría
desprotegida, las expectativas de solución de conflictos se ven postergadas,
debido a la marginación, la estigmatización y la desigualdad que rigen la
práctica cotidiana del quehacer judicial.
La pobreza económica de la población se traduce de manera dramática en
una pobreza legal que impide una verdadera solución al conflicto.
·
Las reformas promovidas por
los Acuerdos de Paz para favorecer el acceso a la justicia, se centraron
principalmente en los aspectos siguientes:
- · Ampliación de la cobertura geográfica de las instituciones de justicia.
- · Impulsar servicios de asesoría gratuita para personas de escasos recursos económicos. Así también el establecimiento del servicio público de defensa penal.
- · Funcionamiento de los servicios de justicia con pertinencia lingüística y cultural:
o sistema
de capacitación y selección de intérpretes judiciales y operadores de justicia de y para idiomas indígenas;
o aplicación
del peritaje cultural;
o programas
permanentes de para operadores de justicia de sensibilización sobre la cultura y rasgos de identidad de los
pueblos indígenas, en especial En el
conocimiento de sus normas y procedimientos que regulan su vida comunitaria.
- · Respeto y conocimiento sobre la cultura y rasgos de identidad de los pueblos indígenas, en especial de sus normas y procedimientos que regulan su vida comunitaria.
- · Ampliación y reconocimiento de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
- · Agilización de los procesos judiciales y excelencia profesional de los operadores de justicia.
Conclusiones:
Es
importante descentralizar los servicios de administración de justicia oficial a
comunidades de difícil acceso, tomando
en cuenta las características culturales y lingüísticas de cada lugar y en armonía con el fortalecimiento del derecho
indígena.
Diseñar,
efectivamente la implementación de
políticas públicas de carácter integral,
orientadas a mejorar el acceso a la justicia, particularmente de las
personas más desfavorecidas.
Es
necesario que las autoridades de las instituciones del sistema de
justicia, además de voluntad política,
estén dotadas de adecuadas asignaciones presupuestarias;
correspondiendo a cada una de ellas velar por la optimización, transparencia y buena ejecución
presupuestaria de sus recursos financieros.
[1] PNUD Manual de Políticas públicas para el acceso a la justicia:
América Latina y el Caribe. Octubre 2005 pág. 13
